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Lunes, Noviembre 13, 2017 - 10:28

Las instituciones públicas el Estado quedaron maniatadas con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales con una serie de prohibiciones para impedir que los funcionarios participaran en campañas electorales y usen los recursos con fines políticos, medidas adoptadas a solo 4 meses de los comicios para el Congreso de la República, el 11 de marzo y de Presidente el 27 de mayo de 2018.

Los gobernantes y todo aquel que haga parte del sector público deben conocer de manera minuciosa cómo opera la Ley 996 de 2005, que busca brindar garantías a todos los candidatos y campañas políticas de cara a las elecciones. El fin es que no incurran en irregularidades, claro está que el desconocimiento de la ley no lo exime de responsabilidades y aún más un servidor público está obligado a saber los alcances de una norma como esta.

De acuerdo con la ley, las prohibiciones garantizarán el equilibrio y la transparencia del actuar administrativo en medio del debate electoral, evitando que la nómina estatal y la contratación directa favorezcan a los candidatos para llegar a los comicios. Pese a estos blindajes hemos visto que esas anomalías se dan, sobre todo, en los municipios pequeños en donde funcionarios creen que no los van a descubrir.

En nuestro país se aplica muy bien la sentencia de hecha la ley, hecha la trampa, y hemos visto que le buscan de alguna manera el quiebre. Es por eso que los organismos de control deben estar con los ojos bien abiertos y adoptando los mecanismos necesarios para impedirlo.

Es necesario que se instalen los tribunales de garantías electorales lo antes posible, pues de acuerdo con la Misión de Observación Electoral, MOE, se ha detectado una cantidad de recursos gastados y publicidad que se está evidenciando en las campañas de los precandidatos desde hace meses.

Ojo, que no solo son los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, también gerentes y directores de entidades descentralizadas a los que se les prohíbe celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos en los 4 meses anteriores de cualquier elección. Sin embargo es importante saber que la norma no cubre a las entidades sanitarias y hospitalarias, y además se podrán celebrar contratos con modalidad de selección como la licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada.

La semana anterior observamos cómo tanto en la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño todos los funcionarios presentaron la renuncia protocolaria para dejar a los mandatarios libertad de actuar antes de que iniciara el sábado 11 la Ley de garantías, y se conoció de algunos cambios en subsecretarías. Este conlleva a que esos equipos de gobierno no se podrán modificar hasta que terminen los procesos electorales, salvo que se trate de renuncia, licencia, muerte o expiración del periodo fijo que se vuelvan indispensables en la administración de la función pública.

En ese orden de ideas se puede decir que soldado avisado no muere en guerra, y todo está expuesto y dilucidado para que no se presente ningún caso irregular que comprometa los recursos públicos. Pero las autoridades competentes no pueden dormirse, sobre todo en las fechas festivas de diciembre y Carnaval de Negros y Blancos, cuando en medio del jolgorio se aprovecha para hacer la trampa.

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