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Wílmer Carrillo Mendoza, representante a la Cámara por el Partido de la U.
Martes, Noviembre 27, 2018 - 09:07
William Villamizar Laguado, gobernador.
Cesar Rojas Ayala, alcalde de Cúcuta.
Édgar de Jesús Díaz, exgobernador y hoy senador de Cambio Radical.

Varios de nuestros dirigentes han estado en el ojo de huracán por distintas investigaciones en su contra, en donde al parecer se han beneficiado de los recursos de la región para llenarse los bolsillos, o han enriquecido a su círculo social.

El llamado de atención de un veedor ciudadano durante la visita del presidente Iván Duque Márquez sobre los procesos en contra de varios políticos de la región, puso en la mira las investigaciones contra algunos políticos de la región que en su momento fueron resaltadas por diferentes medios de comunicación, pero en la actualidad no se sabe que pasó con ellas.

El alcalde

Desde antes de su posesión ya tenía una demanda que busca anular su elección. La denuncia, interpuesta por el ciudadano Nestor Beleño, buscaba la nulidad de los actos de elección por voto popular que dieron como resultado la elección de César Rojas como alcalde de Cúcuta para el período 2016-2019. En la primera parte de la denuncia, Nestor Beleño manifiesta que “El señor César Omar Rojas Ayala se inscribió y fue elegido estando inhabilitado por cuanto su esposa y compañera permanente la doctora Zuleima Amparo Cruz Gaona, se desempeña como Fiscal Sexto Seccional de Cúcuta.

Además de la vinculación de su esposa, en la investigación del denunciante se demuestra que una vez César Rojas salió de la Gerencia del Instituto Financiero para el Desarrollo del Norte de Santanter IFINORTE, éste continuó celebrando contratos con el Instituto a través de su hijo. Según Nestor Beleño, el 17 de febrero de 2015, el Instituto de Deportes de Norte de Santander INDENORTE (ente descentralizado de la Gobernación de Norte de Santander), contrató a la Agencia de Viajes Planet Tours en un proceso de mínima cuantía por un valor de quince millones de pesos ($15.000.000).

El representante legal de esa agencia resultó ser nuevamente el hijo de César Rojas, César Ricardo Rojas Ramírez y la accionista mayoritaria de la Agencia, la señora Gloria Dolores Ramírez Contreras, madre de César Ricardo Rojas Ramírez y ex esposa de César Rojas Ayala. “Como se observa todos esos contratos se ejecutaron en la ciudad de Cúcuta y encuadran dentro de la inhabilidad, por cuanto su hijo y su familia es la beneficiaria de la jugosa contratación celebrada que genera la inhabilidad”, comenta el demandante. Este fue solo el primer escandalo de muchos que tiene en la lista el mandatario.

Bajo la lupa

Un contrato de obra por $6.000 millones, “para el suministro de materiales pétreos para la pavimentación de la red secundaria del departamento de Norte de Santander”, tiene enredados a tres poderosos de esa región: William Villamizar Laguado, actual gobernador; Édgar de Jesús Díaz, exgobernador y hoy senador de Cambio Radical, y Wílmer Carrillo Mendoza, representante a la Cámara por el Partido de la U. La génesis de este lío empezó el 14 de diciembre de 2009, durante la primera gobernación de Villamizar (2008-2011). Ese día su administración, por medio de Wílmer Carrillo, entonces secretario de infraestructura, suscribió el contrato 2083 por $4.000 millones, que favoreció a la empresa Trituradora La Roca.

Después, sin justificaciones, el negocio tuvo una adición por $2.000 millones más. De acuerdo con la Fiscalía, el contrato estuvo lleno de irregularidades, favorecimientos y problemas de ejecución y liquidación. De hecho, a Édgar Jesús Díaz —quien sucedió a Villamizar en la Gobernación entre 2012 y 2015— le correspondió liquidar ese negocio. Y, a pesar de haber sido leonino para los intereses de los nortesantandereanos, Díaz no dejó constancia de las anomalías. Por esa razón, un fiscal delegado ante la Corte, el 31 de octubre de 2017, les imputó a Édgar Díaz y William Villamizar —quien ganó nuevamente la Gobernación para el período 2016-2019— los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros por cuantía de $3.741 millones.

Entre tanto, Édgar de Jesús Díaz obtuvo su curul como senador en marzo pasado y, aunque tenía una imputación encima, su expediente pasó a la Corte por ser aforado. Lo mismo ocurrió con Wílmer Carrillo, hoy representante a la Cámara. Los tres dirigentes políticos se han declarado ajenos a cualquier irregularidad, pero la Fiscalía desarrolló una investigación, que concluyó que ese negocio de suministro de materiales pétreos fue un desastre.

No podía faltar

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra seis congresistas que actualmente se encuentran en ejercicio y cuatro que terminaron sus periodos en el Legislativo el pasado 20 de julio. Según el Ministerio Público, su decisión se da porque al parecer los dirigentes políticos incidieron en procesos de contratación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), por lo que la Procuraduría inició una investigación para establecer si se había creado una nómina paralela con fines electorales en la entidad.

Los afectados con la indagación preliminar anunciada por la Procuraduría son Manuel Guillermo Mora Jaramillo (exsenador), Julián Bedoya Pulgarín (senador), Maritza Martínez Aristizábal (senadora), Elda Lucy Contento Sanz (exrepresentante), Alfredo Ape Cuello (representante), Eloy Quintero Romero (representante), Sara Elena Piedrahita Lyons (representante), Miguel Amín Escaf (representante), Argenis Velásquez (exrepresentante) y Hernán Penagos (exrepresentante).

 

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