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Viernes, Junio 8, 2018 - 12:36

La Fiscalía General dio los primeros resultados d ela investigación del polémico Caso Hyundai, que involucra la supuesta adulteración en el reparto de procesos en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá.

Esto con el fin de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A. contra Hyundai Motor Company de la República de Corea. Varios y funcionarios involucrados en estos hechos que han afectado la administración de justicia ya fueron puestos a la palestra pública.

En las indagaciones, han sido vinculadas nueve personas, entre las que figuran funcionarios judiciales, abogados  y particulares, señaladas de ser los determinadores de una red de corrupción en la administración de justicia.

Los detenidos

La lista la encabeza Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado 6 Civil del Circuito. Capturado este 7 de junio de 2018. La Fiscalía le formulará los delitos de acceso abusivo a un sistema informático (agravado), en concurso heterogéneo con uso de software malicioso y falsedad ideológica en documento público (agravado por el uso).

Según la investigación, Rodríguez Niño habría sido el primero en tener contacto con el empresario Carlos Mattos, para contactar a los funcionarios judiciales y así  acceder al sistema informático y direccionar el reparto judicial.

El segundo de ellos es Reinaldo Huertas, juez sexto Civil de Bogotá, capturado el reciente 6 de junio en Bogotá. La Fiscalía le imputó cargos por cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático. El juez no aceptó los cargos. La audiencia avanza en el Complejo Judicial de Paloquemao y está pendiente la resolución de situación jurídica.

Pero el ‘cabecilla’ de toda esta operación es Carlos Mattos Barrero, dueño de Hyundai Colombia Automotriz S.A. Por solicitud de la Fiscalía, la Secretaría General de Interpol expidió la circular azul que procede en este caso.

El pasado viernes 1 de junio de 2018, el fiscal del caso obtuvo ante un juez de control de garantías la orden de captura contra el empresario automotriz por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático.

Su ficha clave y nexo cercano, Luis David Durán Acuña, abogado de la firma automotriz, reconoció su responsabilidad en los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

Los investigadores establecieron que Durán Acuña habría entregado una suma de dinero para comprar el computador desde el que, presuntamente, se ingresó a la plataforma de la Rama Judicial para manipular y borrar el sistema de reparto. Un juez de garantías lo envió a la cárcel de La Modelo.

La lista la completan Edwin Fabián Macías Castañeda, auxiliar del Juzgado sexto Civil de Bogotá, quien aceptó cargos por los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

La Fiscalía tiene material probatorio que responsabilizaría a Macías Castañeda de impartir las órdenes directas a otros funcionarios judiciales para direccionar a sus intereses el reparto de los procesos civiles y fueran asignados al juez sexto Civil del Circuito de Bogotá. Por disposición de un juez de control de garantías permanece en la cárcel de La Modelo.

Renglón seguido aparece Edwin Enrique Angulo Martínez, funcionario del Centro de Servicios Judiciales de la Rama Judicial en Bogotá, capturado el 16 de mayo del presente año, a quien le fue decretada medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este hombre aceptó cargos por el delito de concusión. Entretanto, deberá responder en juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, que también le imputó la Fiscalía. Angulo Martínez, según las investigaciones, sería el autor material de la adulteración del reparto.

También es investigado por la presunta exigencia de dinero para incidir en la adjudicación de contratos para la selección del proveedor de equipos tecnológicos para los diferentes despachos judiciales en Bogotá.

La lista la cierran Wilmer Andrey Patiño Rodríguez, Wilmer Casas Mendoza, Ramón Orlando Ramírez Fuentes y Carlos Arturo Gómez, funcionarios judiciales capturados el pasado 28 de mayo, quienes ceptaron cargos por utilización ilícita redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y cohecho por dar u ofrecer. El próximo viernes 9 de junio se definirá la medida de aseguramiento.

 

 
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